Mientras la Gobernación denuncia trabas institucionales, la Alcaldía sostiene que solo busca hacer cumplir la ley y la planificación urbana.
La tensión institucional entre la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de Santa Marta escaló este martes luego de que ambos gobiernos se acusaran mutuamente por las demoras y suspensiones de varios proyectos de infraestructura que benefician a miles de ciudadanos en la capital del departamento.
Gobernación denuncia bloqueo y persecución
La Gobernación del Magdalena denunció al alcalde Carlos Pinedo Cuello y a su secretario de Gobierno, Camilo George, ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, por presunto prevaricato por acción y omisión.
Según la administración departamental, la Alcaldía estaría bloqueando de forma sistemática 46 obras ejecutadas por el gobierno seccional en distintos puntos de Santa Marta, afectando a más de 223 mil personas.
La gobernadora encargada, Ingris Padilla, aseguró que los proyectos —entre ellos los del programa Mi Calle Fase 3 y convenios con Juntas de Acción Comunal— cuentan con los permisos y trámites requeridos, y calificó las acciones del Distrito como una persecución política.
“Santa Marta no se va a detener. Los trámites se hicieron con la comunidad y dentro de la legalidad”, afirmó la mandataria, al tiempo que pidió la intervención de los entes de control nacionales.
Alcaldía responde: obras sin permisos y con irregularidades
Por su parte, la Alcaldía de Santa Marta rechazó las acusaciones y aseguró que no existe ningún bloqueo institucional.
El gobierno distrital señaló que, por el contrario, se han otorgado 25 permisos a obras de la Gobernación que cumplen con los requisitos legales, y que las intervenciones suspendidas corresponden a casos donde no se tramitaron licencias, permisos o avales técnicos, exigidos por la normatividad urbana.
Entre las situaciones señaladas, la Alcaldía mencionó el caso del sector de El Líbano, donde la instalación de tuberías invadió un predio privado, y el de La Paz, donde maquinaria del departamento habría intervenido una vía que ya estaba proyectada técnicamente por el Distrito.
Según el comunicado, estas acciones han derivado en riesgos legales, retrasos y pérdida de confianza comunitaria.
Una disputa que afecta a la ciudadanía
Ambas administraciones aseguran actuar en defensa de los samarios, pero mientras la Gobernación sostiene que la Alcaldía impide la ejecución de obras prioritarias, el Distrito insiste en que solo busca garantizar el cumplimiento de la ley y la correcta planeación de las intervenciones públicas.
El cruce de denuncias deja en el centro del debate a las comunidades afectadas, que esperan la pronta reactivación de proyectos de saneamiento, pavimentación y mejoramiento urbano en distintos sectores de Santa Marta.