En Santa Marta, la controversia vuelve a tomar protagonismo tras las declaraciones del concejal Wiston Vargas, quien ha denunciado un presunto caso de favoritismo por parte del alcalde Carlos Pinedo Cuello. Según Vargas, el alcalde planea beneficiar a un familiar de una concejal del distrito con la compra de un predio en el barrio Territorial, destinado a un refugio para habitantes de calle.
La denuncia surge en un contexto donde ya se había generado una polémica similar, relacionada con un contrato de más de 7,000 millones de pesos que presuntamente benefició a un familiar del concejal Pedro Gómez. En esta ocasión, Vargas expresó su preocupación en la sesión de hoy, resaltando la oposición de los residentes de esa zona, quienes consideran que la ubicación del refugio representa un riesgo para la seguridad de sus hijos y los niños que asisten a los colegios La Milagrosa, Francisco de Paula Santander, Tayrona y Marcos Fidel Suárez.
Los vecinos han manifestado su descontento y temor ante la posibilidad de que un refugio para personas en situación de calle se instale en una zona con alta concentración de menores. La situación plantea un dilema entre la necesidad de atender a la población vulnerable y la seguridad de la comunidad.
Además, se ha señalado que el distrito de Santa Marta estaría violando la Ley 1641 de 2013 y el artículo 33 del Código de Convivencia Ciudadana, que establecen lineamientos claros sobre la convivencia y el respeto a los derechos de la comunidad. Este hecho ha llevado a muchos a cuestionar la legalidad de las decisiones tomadas por la administración.
Nuestro medio de comunicación llegó a dialogar con algunos residentes, y nos han mencionado que presuntamente el predio haría parte de un familiar de la concejal Alejandra Santos. Además uno de ellos mencionó lo siguiente: “No estamos de acuerdo que ese refugio de habitantes de calles sea ubicado en este sector. ¿Que tranquilidad vamos a tener nosotros con nuestros niños? Aquí cerca hay cuatro colegios, sería colocar en riesgo a nuestros hijos”, mencionó una residente del barrio, que prefirió reservar su nombre.
El centro de atención integral para habitantes de calle ya generó su primer altercado antes de ser inaugurado. Un residente comentó que un habitante de calle, que fue llevado a ver las instalaciones, agredió verbalmente a uno de los vecinos al intentar pedir dinero de manera agresiva.
El debate se intensifica a medida que los concejales y ciudadanos exigen claridad sobre los procesos de contratación y la toma de decisiones del alcalde. La comunidad espera respuestas y una solución que contemple tanto la atención a los habitantes de calle como la seguridad de sus propios niños.