El presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, sancionó el pasado 12 de noviembre, una ley que busca poner fin a las mafias de patios y grúas, un sistema que ha impactado duramente a los motociclistas colombianos. La iniciativa, que fue inicialmente objetada por el presidente Gustavo Petro, apunta a que las motocicletas no sean inmovilizadas por infracciones menores, equiparando así sus causales de inmovilización con las de los vehículos.
La reforma al Código de Tránsito, conocida como Ley 769 de 2002, plantea que los motociclistas seguirán siendo multados por las infracciones que cometan, pero la inmovilización de sus motos quedará reservada solo para casos graves. Esta medida, según sus autores, responde a un esfuerzo por frenar el “negocio” que ha surgido en torno a las grúas y patios en el país.
“Estamos acabando con el negocio de las grúas y patios que tenían azotados a los ciudadanos que trabajan en el día a día”, señaló Gustavo Moreno, uno de los impulsores de la propuesta. Moreno destacó que, para muchos motociclistas, los costos de recuperación de sus vehículos superaban el valor de los mismos, lo cual generaba una fuerte carga económica.
Por su parte, el senador Alejandro Vega se pronunció en favor de la reforma, afirmando que “no puede ser que un motociclista, al igual que un conductor de vehículo, cometa una infracción y sea doblemente penalizado con la inmovilización de su moto, un gasto adicional que afecta su economía”.
La medida ha sido recibida con optimismo por los motociclistas, quienes ven en esta reforma una forma de alivio frente a un sistema que consideran excesivamente punitivo. Se espera que con la sanción de esta ley se reduzca el impacto económico que implica la inmovilización de motos por infracciones menores, y que las reformas contribuyan a una política de tránsito más justa y equitativa en el país.