Santa Marta se posiciona como una de las ciudades más violentas de Colombia, con un incremento del 21% en los homicidios durante la primera mitad de 2024 en comparación con el mismo período del año anterior. Con 97 casos de homicidio registrados entre enero y junio, la ciudad ocupa el quinto lugar en el país en términos de tasa de asesinatos, representando el 17.3% del total nacional. Aunque sigue a ciudades como Quibdó, Riohacha, Cali y Cúcuta, el aumento significativo en los homicidios pone de manifiesto una creciente preocupación por la seguridad en la región.
Según el informe del Programa Santa Marta Cómo Vamos, basado en datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco), el aumento en los homicidios se ha producido a pesar de una notable disminución en los hurtos. Los datos revelan una reducción general del 27% en los casos de hurto en comparación con el año anterior. Los hurtos a automotores y residencias lideran esta tendencia con reducciones del 53% y 50% respectivamente, aunque los hurtos a entidades financieras han experimentado un alarmante aumento del 250%.
En cuanto a los homicidios, el informe indica que el 87% de los casos involucraron el uso de armas de fuego, sugiriendo una escalada en la violencia armada en la ciudad. Este incremento en la violencia ha elevado a Santa Marta a un estatus preocupante, a pesar de los esfuerzos en otras áreas de seguridad pública.
Por otro lado, la ciudad ha visto una disminución en otros tipos de delitos, como los hurtos a personas y comercios, con reducciones significativas del 27% en ambos casos. Sin embargo, el incremento en los hurtos a entidades financieras y el aumento general en los homicidios presentan un panorama mixto para la seguridad en Santa Marta.
El informe también destaca un aumento en los casos de extorsión, amenazas y delitos sexuales, con 48, 511 y 132 casos reportados, respectivamente. Especialmente preocupante es el hecho de que el 27% de los delitos sexuales involucraron a menores de 14 años, lo que subraya la necesidad urgente de medidas más efectivas en protección infantil.