Según la Contraloría General de la República, la investigación encontró que de las 265 muertes infantiles reportadas por el Ministerio de Salud en 2019 y 2022 por falta de vínculos claros entre entidades como el Orden Nacional, el Orden Territorial y las Comunidades Indígenas, 95 de los infantes se acogieron al esquema del ICBF.
Los hallazgos de esta investigación apunta a quiebres en el sistema de apoyo hacía los menores de esta población del país.
La sentencia T-302 de 2017 emitida por la Corte Constitucional establece que los niños y niñas wayuu adquirirían y asegurarían los derechos a través de inversiones para mejorar su calidad de vida para que tuvieran acceso a agua, alimentos y salud. Esta sentencia que comenzó a seguir la Contraloría General del Estado no parece cumplirse, ya que 95 de los 265 niños que murieron por desnutrición en La Guajira eran integrantes de los programas del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).
En dicha sentencia, 42 entidades estatales se unieron para invertir poco más de $2.1 billones entre 2019 y 2022. El informe fue elaborado por un equipo auditor integrado por funcionarios de nueve fiscalías autorizadas departamentales, dos auditores generales autorizados de la Contraloría de La Guajira, los Departamentos de Regalías y de Administración Departamental.