A partir del 1 de agosto, los peajes en Colombia han experimentado un incremento del 4.64%, equivalente al 50% restante de la inflación acumulada en 2023. El ajuste fue confirmado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien destacó que la medida busca mejorar la financiación y el mantenimiento de la infraestructura vial del país. Sin embargo, el aumento ha generado una ola de descontento entre el sector transportador, que enfrenta mayores costos operativos.
El Ministerio de Transporte defendió la subida de tarifas como una solución necesaria para asegurar la inversión en las carreteras, enfatizando que los fondos recaudados serán destinados a la mejora y mantenimiento de las vías. A pesar de estos argumentos, el gremio de transportadores ha expresado su inconformidad con el aumento, alegando que el ajuste solo agrava la crisis económica que enfrentan.
Anderson Quiceno, presidente de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), calificó el aumento de peajes como una medida “desafortunada” y mencionó que representará pérdidas cercanas a los $42.000 millones para el sector. Quiceno argumentó que estos sobrecostos no son absorbidos por los propietarios de las mercancías, sino que recaen directamente en los transportadores.
Jorge García, presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores, también se pronunció en contra del incremento. García señaló que, a pesar del ajuste en los peajes, no existe garantía de que los transportadores reciban un ingreso justo por su trabajo. Además, subrayó el impacto negativo del decrecimiento en la carga en los últimos años, que ha llevado a muchos transportadores a operar en condiciones de pérdida.
Por otro lado, la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) ha resaltado la importancia de las concesiones viales, argumentando que sin ellas, el país no habría podido superar un rezago de un siglo en infraestructura. La CCI destacó las importantes mejoras logradas en los últimos 25 años, incluyendo la construcción de 10.000 km de carreteras, 1.100 puentes y viaductos, y 50 túneles.
El conflicto entre las autoridades y el sector transportador pone de manifiesto las tensiones en torno a la financiación y el mantenimiento de la infraestructura vial en Colombia. Mientras el gobierno busca garantizar la calidad de las vías, los transportadores continúan luchando contra los altos costos operativos y la incertidumbre económica.