Este martes se conmemoran 25 años del asesinato del periodista y humorista colombiano Jaime Garzón, y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aprovecha la ocasión para rendirle homenaje y urgir a las autoridades a poner fin a la impunidad en su caso. Garzón, conocido por su estilo irreverente y crítico en el periodismo político, fue asesinado en agosto de 1999 mientras se dirigía a la emisora Radionet en Bogotá. La SIP ha incluido el caso en su campaña ‘Voces que reclaman justicia’, que busca mantener viva la memoria de los reporteros que han perdido la vida en el ejercicio de su labor informativa.
Garzón, quien se encontraba en medio de un ambiente de intensos enfrentamientos entre paramilitares y guerrilleros, había denunciado amenazas de muerte antes de su asesinato. El crimen fue perpetrado por dos individuos en una moto que dispararon cinco veces contra el periodista de 38 años. Su muerte provocó una ola de consternación en Colombia y generó amplias protestas contra la violencia.
En 2004, Carlos Castaño, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue condenado en ausencia a 38 años de prisión por ser el autor intelectual del asesinato. Sin embargo, Castaño nunca fue capturado y fue asesinado poco después de la condena. A pesar de la condena, la investigación reveló complicidades entre paramilitares, agentes estatales y políticos, y aún persiste la falta de justicia completa.
José Miguel Narváez, exsubdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), también fue condenado en 2018 a 30 años de prisión por el homicidio. Sin embargo, cumple su condena en una guarnición militar en lugar de una prisión ordinaria, según denuncias de Alfredo Garzón, hermano de Jaime. Además, otros implicados en el caso, incluidos narcotraficantes y sicarios, han sido asesinados, complicando aún más la búsqueda de justicia.
El caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2011, tras agotar las instancias judiciales internas. En julio de 2022, la CIDH emitió un informe de admisibilidad que permite una nueva evaluación del asesinato de Garzón. Al haber sido clasificado como delito de lesa humanidad en 2016, el crimen sigue sin prescribir. La familia de Garzón y sus representantes legales han criticado la falta de seriedad y exhaustividad en la investigación, demandando justicia y responsabilización completa de todos los involucrados.